Santiago Román Gómez, Dña. Rosario Tomás Rodríguez, D. David Aracil Aracil, D. Manuel Venancio Nieto Lizón, Dña. Carmen Navarro Bascuñana, D. Nicolás López Pérez, Dña. Julia Parra Aparicio, D. José Luis Olcina Hernández y D. Marcos Piña Cebollada, concejales del Grupo Municipal Popular del Excmo. Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant, proponen al pleno para su aprobación la siguiente Moción:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 22 de junio de 2026, el Tribunal Supremo dictó sentencia condenatoria contra el exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, imponiéndole una pena de 24 años de prisión por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias, mientras que su exasesor Koldo García fue condenado a 19 años.

Dicha resolución, adoptada por unanimidad de los siete magistrados de la Sala, considera probado que Ábalos utilizó su posición como miembro del Gobierno y máximo responsable orgánico del partido que lo sustenta para obtener beneficios particulares: el pago de un piso de lujo en Madrid, retribuciones mensuales de 10.000 euros, arrendamientos en Marbella y La Línea de la Concepción, y la colocación de personas de su entorno en empresas públicas dependientes de su Ministerio.

Se trata de la primera sentencia firme de un gran caso de corrupción que afecta directamente a un miembro del Ejecutivo de Pedro Sánchez, convirtiendo a este en el primer presidente del Gobierno en ejercicio de la democracia española que tiene a un ministro de su Gobierno condenado por corrupción.

La paradoja es difícilmente superable: Ábalos fue quien defendió en nombre del PSOE la moción de censura de 2018 enarbolando precisamente las banderas de la regeneración y la lucha contra la corrupción.

El propio Tribunal Supremo subraya en su sentencia que estos actos «socavan la arquitectura democrática del Estado social y democrático de Derecho» y que «su efecto más grave es el deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político, al quebrar la expectativa de que el poder democrático se ejerce en beneficio del conjunto de la ciudadanía».

La corrupción cometida desde el más alto nivel del Estado no es un problema individual, sino que es una quiebra del principio democrático que exige una respuesta política a la altura de su gravedad. Esta condena no puede analizarse de forma aislada. Se enmarca en una acumulación de casos e investigaciones que afectan al PSOE y al entorno más cercano del presidente del Gobierno, configurando una situación de deterioro institucional que, por su magnitud y reiteración, no admite explicación como mera coincidencia de episodios individuales.

Sin embargo, la condena a Ábalos no es sino el episodio más grave de una acumulación de causas judiciales que rodean al PSOE y al entorno directo del presidente del Gobierno de una forma sin precedentes en la historia democrática española. Al menos cuarenta personas entre familiares del presidente, cargos orgánicos del partido, personas de confianza y responsables designados por instituciones socialistas se encuentran imputadas, investigadas o condenadas en procedimientos judiciales en curso.

El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, fue el primero del entorno presidencial en ser condenado, en este caso por el Tribunal Supremo, por la filtración de datos reservados de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Un cargo de designación directa del Gobierno que utilizó los recursos del Estado para atacar a un adversario político, y cuya condena no mereció por parte del Ejecutivo ni un solo gesto de responsabilidad institucional.

El entorno familiar del presidente tampoco queda al margen de esta crisis institucional. El juez instructor acordó el 20 de junio la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida, acordando asimismo retirarle el pasaporte, prohibirle salir del territorio nacional y obligarle a comparecer ante el juzgado dos veces al mes.

La respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez ante estos hechos no está siendo de prudencia institucional, sino de ataque frontal a la Justicia desde la Moncloa, igual que hicieron ante la investigación al exministro Ábalos, denunciando públicamente «la persecución, la obsesión y la desproporción» del juez, mientras el PSOE utiliza sus cuentas institucionales en las redes sociales para descalificar la instrucción. Estamos, por tanto, ante un Gobierno que reacciona a las resoluciones judiciales que le incomodan presionando a los jueces que las dictan y atacando la independencia judicial como mecanismo de protección política.

Por otro lado, el hermano del presidente, David Sánchez, también ha sido juzgado junto al que fuera secretario general del PSOE de Extremadura por la creación de un puesto público supuestamente confeccionado a su medida en la Diputación de Badajoz.

A estos casos debemos sumar la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra, convirtiéndose en el primer expresidente de la democracia en ser investigado por un delito de corrupción. En este caso, el juez instructor considera a Zapatero como vértice de «una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias» destinada a obtener beneficios económicos mediante la intermediación ante instancias públicas en favor de la aerolínea Plus Ultra.

Una investigación que, además, ha revelado el hallazgo de centenares de piezas de joyería en la caja fuerte de su despacho, la existencia de una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas vinculada a su entorno y pagos presuntamente canalizados a través de la empresa de sus hijas. Todo ello sin olvidarnos del caso Leire Díez, el cual añade una dimensión especialmente alarmante a este panorama dado que la Audiencia Nacional investiga una trama organizada desde la propia sede del PSOE, bajo la dirección del exsecretario de Organización Santos Cerdán, para obstaculizar investigaciones judiciales que afectan al Gobierno y al partido.

Esta trama se dedicaba a recabar información comprometedora sobre jueces, fiscales y agentes de la UCO, incluyendo al magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, y promover contactos con el entorno del excomisario Villarejo.

De hecho, si atendemos a la cronología de esta trama, es especialmente demoledora con el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dado que, según la Guardia Civil, la operación se activó apenas dieciséis horas después de que el presidente publicara su conocida «carta a la ciudadanía» anunciando sus días de reflexión, lo que sitúa el arranque de la trama en el corazón mismo de la dirección política del partido.

A estos procedimientos hay que sumar también el caso SEPI, con la investigación al expresidente de la entidad Vicente Fernández; el caso Cerdán, el sucesor de Ábalos en la Secretaría General del PSOE, ya tuvo que pasar por prisión preventiva y que está investigado por comisiones en contratos de obra pública; el caso Mediador, con el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, «Tito Berni», pendiente de juicio oral por liderar una red que exigía mordidas a empresarios a cambio de subvenciones públicas; y el caso Forestalia, en el que figura imputado un ex alto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica por presuntos pagos de sobornos para acelerar permisos ambientales.

En relación con este tema, esta semana hemos conocido que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado a la presidenta de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, y a otras 24 personas en la parte del caso Leire en el que indaga en los presuntos amaños en la adjudicación de contratos públicos. Así en una providencia, el magistrado explica que ha hallado «indicios de criminalidad» y asegura que citará a todos ellos como investigados más adelante. Entre los imputados se encuentran el expresidente de la empresa pública Enusa José Vicente Berlanga, la exconsejera de Medio Ambiente en Castilla-La Mancha Rosario Arévalo y el que fuera presidente de Tubos Reunidos Francisco Irazusta.

La sombra de todos estos casos confluyen de manera especial en la Comunitat Valenciana a través de la figura de Diana Morant, ministra de Ciencia y candidata a la presidencia de la Generalitat Valenciana, que se afana por inmolarse en su tarea de defender a José Luis Rodríguez Zapatero, ya que se ha declarado siempre «hija política» del expresidente.

Igualmente Morant, en las elecciones generales de 2023, llevó como número 2 a José Luis Ábalos cuando ya había datos de la podredumbre que rodeaba al ex ministro. Los escándalos rodeaban a Ábalos, y Morant no tuvo inconveniente en llevarlo en su lista.

Diana Morant es, además, secretaria general del PSPV-PSOE aupada por Santos Cerdán, siempre defendiendo a Pedro Sánchez y Zapatero en una suerte de suicidio político en toda regla.

El resultado no es sino un mapa de corrupción de una extensión y una profundidad que no tiene parangón en la historia reciente de la democracia española con un Gobierno que llegó al poder prometiendo regeneración y que ha protagonizado orgías en paradores nacionales, prostitución pagada con dinero público, colocación de amigos y amantes en empresas del Estado y un saqueo sistemático de las instituciones al servicio de intereses particulares mientras pedía a los ciudadanos sacrificio y austeridad en los peores momentos de una pandemia.

Ahora mismo existen 5 causas judiciales abiertas, 121 investigados y una veintena de diferentes tipos de delitos que abarcan desde organización criminal, fraude fiscal, blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa o revelación de secretos hasta estafa, apropiación indebida, corrupción en los negocios o contrabando.

Según las penas solicitadas por la Fiscalía y las acusaciones, entre todos podrían alcanzar los 1.817 años de prisión. Además, actualmente ya hay tres condenados, 17 procesados y 76 imputados en instrucción.

La responsabilidad política no desaparece porque las responsabilidades penales deban ser individualizadas y la democracia exige que los ciudadanos puedan expresar su voluntad cuando la confianza entre gobernantes y gobernados se ha roto.

El día después de la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso, en la que no asumió ninguna responsabilidad tras la sentencia de veinticuatro años de prisión al exministro José Luis Ábalos por el cobro de comisiones por la compra de mascarillas durante la pandemia del covid-19, la soberanía popular que reside en el Congreso de los diputados habló e hizo para reclamar a Pedro Sánchez que se someta a una cuestión de confianza en la Cámara Baja.

La moción del Partido Popular prosperó evidenciando de forma explícita la debilidad del presidente Pedro Sánchez, su partido, el PSOE, y su socio de gobierno, Sumar.

El nulo respeto y consideración por parte del Gobierno de Pedro Sánchez a la propuesta aprobada en las Cortes generales supone mantener al país en una situación de bloqueo institucional. Ello no es una opción de gobierno responsable sino una decisión que profundiza la crisis y aleja las instituciones de los ciudadanos a quienes deben servir.

ACUERDOS

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente propuesta de acuerdo:

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant condena los hechos declarados probados por el Tribunal Supremo en el denominado caso mascarillas y exige al Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y al Partido Socialista Obrero Español la asunción de responsabilidades políticas ante la condena firme de un exministro y exsecretario de Organización del PSOE por delitos de corrupción cometidos desde el ejercicio del poder público.

SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant exige la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de su Ejecutivo así como la consecuente convocatoria de elecciones generales para que sean los ciudadanos quienes decidan libremente el futuro político del país, ante el grave deterioro institucional sin precedentes que atraviesa España como consecuencia de la acumulación de casos de corrupción que afectan al Partido Socialista y al entorno directo del presidente del Gobierno: Ábalos y a su asesor Koldo García, el Fiscal General del Estado Álvaro García Ortiz, la esposa del presidente, Begoña Gómez, el hermano del presidente, David Sánchez, el expresidente Rodríguez Zapatero, Leire Díez, y la acumulación de imputados, investigados o condenados vinculados a las siglas socialistas en procedimientos judiciales, que ascienden a la cifra de 121.

TERCERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant insta a los partidos que sostienen parlamentariamente al Gobierno de España, de manera especial a SUMAR como socio integrado en el Ejecutivo, a que antepongan la responsabilidad institucional a sus acuerdos con el Gobierno de Pedro Sánchez, retiren su apoyo a un Ejecutivo incapaz de garantizar los estándares mínimos de integridad y ejemplaridad en el ejercicio del poder público, y dejen de contribuir al mantenimiento de una situación de deterioro democrático que afecta al conjunto de la sociedad española.